•
La amplia repercusión que tienen estos hechos, la violencia de pareja y la violencia escolar, en los medios de comunicación social, también es causa de discusión. ¿Contribuyen a visualizar estos hechos ante la sociedad y a sensibilizarla, o producen una alarma innecesaria e, incluso, producen un cierto efecto de contagio y expansión de la violencia?
Desde el asesinato de Ana Orantes en 1997 la violencia de género se ha hecho mucho más visible en los medios de comunicación. El papel positivo de la prensa, de la radio y de la TV ha sido destapar un fenómeno oculto, alertar de una realidad inadmisible y contribuir a crear una conciencia social contraria a la aceptación del maltrato. Sin embargo, también han ejercido un papel negativo, derivado del sensacionalismo y de la reiteración, que, en un intento de aumentar la audiencia, han alimentado el morbo de los espectadores y que, al menos en algunos casos, han podido contribuir a
contagiar el ejercicio de la violencia en algunas personas predispuestas. Los medios de comunicación serios no pueden abdicar de su función informativa y de su responsabilidad pedagógica ante la población ni convertirse en una mezcla de crónica negra de sucesos y de prensa del corazón.
Por ello, la responsabilidad de los medios es informar, sin necesidad de proyectar imágenes dramáticas que no suponen un valor añadido a la información y sin utilizar un tono melodramático que puede generar un alarmismo social innecesario.
Por lo que se refiere a la violencia escolar, la experiencia entre iguales es una de las experiencias más satisfactorias de la vida escolar, pero, a veces, la relación entre iguales puede convertirse en una experiencia dolorosa y de sufrimiento, de burlas y de violencia. Nadie como los compañeros puede hacernos tan feliz, pero nadie como ellos pueden hacernos sufrir tanto. En cualquier caso, hay que ser muy prudente en el tratamiento informativo de estos sucesos porque se puede desatar un efecto-imitación. Los hechos graves existen, pero son aislados y no pueden ni deben ocultar una integración social satisfactoria en una gran mayoría de las escuelas, que es, en buena parte, mérito de unos profesores que no siempre encuentran el reconocimiento social debido. No se pueden confundir conflictos propios del desarrollo evolutivo con situaciones de acoso. No es lo mismo un niño sin amigos porque carece de habilidades sociales que otro que recibe palizas sistemáticas de un grupo de indeseables.
•
Una última pregunta, profesor Echeburúa, sobre la innegable inflación de víctimas en nuestras sociedades del bienestar. Desastres naturales, violencia interpersonal, accidentes de tráfico y aéreos, terrorismo, etc. ocupan los titulares de los diarios, y producen víctimas. Algunas personas opinan que estos acontecimientos antes eran aceptados por los individuos como consecuencias inevitables de las contingencias de la vida, pero para otras personas hoy son hechos que merecen reparación por parte de la sociedad y los poderes públicos. ¿Cómo puede interpretarse este hecho? O bien, ¿hasta dónde alcanzan los derechos de las víctimas, hasta dónde la obligación de la sociedad de repararlos?
Las desgracias, como las alegrías, forman parte de las contingencias de la vida. La vida humana actual es, además y por fortuna, mucho más larga de lo que lo ha sido en períodos históricos precedentes. Por ello, no es extraño que una persona se vea obligada a afrontar a lo largo de su vida desgracias, como accidentes de tráfico o laborales, incendios, muerte de seres queridos, quiebra económica, invalidez, etcétera. Pero ello no debe conferir a la persona afectada, salvo en circunstancias muy especiales, la condición de víctima, que denota la existencia de una persona injustamente agraviada y que comporta una exigencia de reparación. Estigmatizar a una persona como víctima, es decir, como persona injustamente sufriente, lo que le lleva a adoptar un papel reivindicativo y con quejas continuas, puede suponer una dificultad adicional en su proceso de recuperación. Por el contrario, una persona que ha sufrido un revés emocional debe echar mano de sus estrategias de afrontamiento y contar con la red natural de apoyo familiar y social para superarlo. Del mismo modo que no es sano psicopatologizar la vida cotidiana (por ejemplo, el duelo por la muerte de un ser querido es, salvo excepciones, un fenómeno normal, no un problema clínico), no es bueno tampoco estigmatizar como víctima a una persona que ha sufrido una desgracia. No me cabe la menor duda de que, al margen de los derechos legales que le correspondan, la recuperación psicológica de una víctima es mucho más rápida cuando sale adelante por sus propios recursos, con el apoyo de sus seres queridos, que cuando adopta el rol de víctima y se embarca en procesos judiciales interminables.
Otra cosa es lo referido a las personas que han sido víctimas de un suceso violento intencionado. En este caso las personas afectadas pueden sentirse desbordadas en sus estrategias de afrontamiento. Las víctimas de sucesos violentos son incómodas para la gente porque recuerdan la fragilidad de la persona y exponen en toda su crudeza el alcance ilimitado de la crueldad humana. Pero la sociedad tiene la obligación de ser solidaria con las víctimas porque un Estado de Derecho es una
sociedad de riesgos, en donde prima la libertad sobre la seguridad. Una sociedad más libre ofrece, sin duda, muchas más posibilidades, pero también está expuesta a más riesgos. Por ello, la sociedad, que no ha sido capaz de proteger adecuadamente a todos sus ciudadanos, tiene la obligación de reparar a las víctimas y de asumir una solidaridad activa con ellas, que son inocentes de las tropelías que se les han causado. No es sólo, por tanto, una cuestión de caridad, sino de justicia
