II. OJETlVOS, MATERIAL y MÉTODO
Como se ha dicho el objetivo principal del estudio consistía en obtener información sobre dos aspectos esenciales de las repercusiones a largo plazo de los atentados terroristas: el estado de salud mental general de las personas afectadas y su nivel actual de calidad de vida. Se consideraron objetivos secundarios el análisis de las posibles relaciones entre ambos aspectos y los datos sociodemográficos del grupo, las características del atentado, el grado de afectación por el mismo y el apoyo recibido por las víctimas. Finalmente se intentó comparar la situación básica de la población estudiada en relación con los datos disponibles de la población española general.
La población estudiada la constituyó, en el inicio del presente trabajo, la totalidad de los asociados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (A VT), que engloba, a su vez, a la práctica totalidad de las personas que han sufrido atentados y/o a sus familiares directos. En el momento de realización de la investigación (año 1994) el número de asociados era de 750, tanto víctimas directas de dichos atentados (lógicamente supervivientes) como familiares en primer grado de personas que fallecieron o sufrieron agresiones graves. A estos últimos les llamaremos «víctimas indirectas».
Hay, por último, que tener presente que el último censo de la AVT (Marzo de 1997) arroja un total de asociados de 3.724, lo que representa 1.200 familias afectadas y un crecimiento de este colectivo del 160 % en tres años.
Para la recogida de datos se empleó el sistema de encuesta por correo, enviándose un total de 750 cuestionarios y obteniéndose 451 respuestas (60,13 %). Del total de respuestas recibidas se descartaron 17 cuestionarios que omitían datos fundamentales. La muestra definitiva con la que se trabajó estuvo constituida, en consecuencia, por 434 contestaciones que representan el 57,86 % del total.
El protocolo de encuesta fue presentado y enviado por la A VT y se garantizó el anonimato mediante la separación, por personal de la Asociación, de los datos de identificación de cada protocolo previamente a su envío para el proceso de datos, que fue realizado por una entidad independiente.
La encúesta elaborada constaba de una primera parte de datos sociodemográficos, datos sobre las circunstancias y características del atentado y una valoración subjetiva del apoyo recibido por el encuestado tras la agresión sufrida, por parte de la sociedad en su conjunto, instituciones, familia y AVT.
La valoración subjetiva del apoyo recibido se analizó mediante preguntas directas con una escala de respuestas de tipo Likert de cinco posibilidades (v.gr. «Vd. considera que el apoyo recibido por parte de su familia tras el atentado ha sido: Muy Bueno, Bueno, Adecuado, Insuficiente, Inexistente»).
En una segunda parte se incluían dos cuestionarios autoadministrados: el
General Health Questionnaire (GHQ) de Goldberg, en su versión de 28 ítems
(11), validada para España por Lobo y cols.
(12), y el Cuestionario de Calidad de Vida (CCV) de Ruiz y Baca
(13).
Como punto de corte para el GHQ se consideró 5/6 que, según los datos de Muñoz y cols. 14, ofrece una sensibilidad del 77 %, una especificidad del 78 % en población general urbana de Madrid. Las propiedades psicométricas del GHQ para este punto de corte han sido exploradas en otras investigaciones oscilando la sensibilidad entre el 75 % y el 82 % y la especificidad entre el 81,8 % y el 83,8 %
(15).
El CCV no es un instrumento normativo sino evaluativo
(16) y por consiguiente no posee un punto de corte que permita establecer diferencias entre «mala» y «buena» calidad de vida. Por esta razón sus resultados se analizaron por comparación con las puntuaciones medias obtenidas en poblaciones normales españolas.
El GHQ puede ser analizado como un índice global de probabilidad de necesitar o no necesitar de ayuda psicológico-psiquiátrica especializada (probabilidad de ser o no un «caso psiquiátrico» o, si se quiere, de presentar trastornos psicopatológicos definidos) pero también admite su división en cuatro subescalas:
- Subescala A, que evalúa síntomas corporales de origen psicógeno.
- Subescala B, que evalúa síntomas de ansiedad e insomnio.
- Subescala C, que evalúa síntomas relacionados con dificultades o disfunciones en las relaciones sociales.
- Subescala D, que evalúa síntomas de depresión.
Por su parte el CCV proporciona un índice general de calidad de vida y también evalúa cuatro factores, como componentes de este índice general. Estos cuatro factores son:
- Factor 1: Soporte social.
- Factor 2: Satisfacción general.
- Factor 3: Bienestar psico-físico.
- Factor 4: Ausencia de sobrecarga / tensión en la vida laboral.
III. RESULTADOS y DISCUSIÓN
1. Porcentaje de respuestas
Como se ha dicho el porcentaje de respuestas obtenidas a la encuesta por correo del total del colectivo de socios de la AVT, en 1994, fue del 60,13 %. La encuesta por correo es un método ampliamente utilizado (17) y la fiabilidad de sus datos se acrecienta en el caso de colectivos bien determinados. Los requisitos exigidos son el empleo de cuestionarios autoaplicados que estén bien diseñados y contengan instrucciones claras así como que no incluyan respuestas abiertas.
No obstante todos los autores coinciden en que el número de respuestas que se obtienen es menor que en las entrevistas cara a cara. En cualquier caso parece que respuestas superiores al 40% permiten extrapolar datos, en el caso de encuestas por correo a población general (18).
Se han citado como causas de la no respuesta la falta de motivación para responder, el olvido, la actitud contraria al hecho de ser encuestado, etc.
En el presente trabajo, no obstante, dada la naturaleza específica de la población estudiada no podemos asegurar que la ausencia de respuesta esté mediada por uno u otro factor y la evitación del llamado «sesgo por no respuesta» es difícil. En consecuencia estimamos que los datos representan en sentido estricto a la población encuestada y presumimos su posibilidad de generalización al resto de las víctimas.
En los momentos actuales se está llevando a cabo una nueva investigación, más amplia, mediante entrevistas domiciliarias que permitirá, en breve, despejar estas incógnitas.
2. Datos sociodemográficos
La población estudiada aparece con una distribución por sexos relativamente homogénea (53,6 % de mujeres frente a 45,8 % de varones) que presenta una amplísima dispersión en la edad que va desde los 18 a los 82 años (media de 48,19 ± 1,33) con un rango de 66 años. Se trata, pues, de una distribución que se asemejaría a la población española normal, excluyendo a niños y adolescentes.
La mayor parte de los encuestados habían nacido en Andalucía (13,8 %) siguiendo Madrid (12,2 %), Castilla-León (11,1 %), País Vasco (9 %) y Extremadura (8,8 %). El resto, 141 casos (32,5 %), se distribuían entre las demás comunidades. Un 12,7 % (55 casos) no consignó su lugar de nacimiento.
Por el contrario en el momento de la investigación reside en Madrid el 24,4 % (106 casos). Siguen con proporciones muy similares Guipúzcoa, 6,7 % (29 casos), Barcelona, 5,8 % (25 casos), Zaragoza, 5,1 % (22 casos) y Salamanca, 4,6 % (20 casos). El resto se distribuye irregularmente por toda la geografía española (232 casos, 46,5 %).
El lugar de residencia coincide en un 47 % (204 casos) con el lugar de los atentados, aunque el hecho de que un 45,6 % (198 casos) de la muestra viva fuera de estas zonas indica que, o bien se trata de familiares de víctimas que residían fuera del lugar en que se perpetró la acción terrorista o bien se han producido cambios de domicilio en un número importante de casos. El 7,6 % (32 casos) no suministra este dato.
La profesión más frecuente de los encuestados es la de ama de casa en el 32,3 % (140 casos). Sigue la de guardia civil, 16,1 % (70 casos), militar, 6,2 % (27 casos) y policía nacional, 6,0 % (26 casos). El resto (33,9 %, 147 casos) se distribuye en profesiones variadas de carácter civil, con excepción de un 5,5 % (24 casos) que no cumplimenta este dato.
El número de víctimas directas (y por tanto supervivientes al atentado) fue de 205 casos (47,2 %) de entre ellos, 162 casos (37,3 %) fueron los únicos afectados de su familia y 43 (9,9 %) tuvieron un familiar directamente afectado en el mismo acto agresivo. Por el contrario 229 casos (52,8 %) son familiares directos. Del total de estos familiares, fueron testigos oculares del atentado el 13,1 % (30 casos).
En un 60,3 % de los familiares (161 casos), el encuestado es la esposa de la víctima, en el 17,6 % (47 casos) es el padre, en el 12,7 % (34 casos) es hijo, en el 5,6 % (15 casos) es hermano y, por último en el 3,7 % (10 casos) es el marido.
Comparando esta distribución con la profesión de las víctimas directas, incluyendo en este grupo tanto a los fallecidos por el atentado como a los supervivientes que son miembros de la AVT y por tanto encuestados, encontramos que el 51,2 % (222 casos) son miembros de cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), el 30,2 % tenía diversas profesiones civiles (131 casos) y el 13,6 % era militar (59 casos). En un 5,1 % de los casos (22) este dato no ha sido facilitado.
Las dos distribuciones expuestas indican que una amplia mayoría de las víctimas pertenece a los cuerpos de seguridad o son militares (64,8 %), pero que también hay un sustancial número de civiles (casi un tercio del total) que sufren las consecuencias directas de los atentados.
3. Datos del atentado
Inicialmente hay que señalar que la media del tiempo transcurrido entre el atentado y la investigación realizada es de 9,5 años. Estamos, por tanto, ante una población en la que es posible evaluar los efectos crónicos de la acción sufrida.
Las provincias donde se llevaron a cabo los atentados fueron Madrid en 98 casos (22,6 %), Guipúzcoa en 93 casos (21, 4%), Vizcaya en 69 casos (15,9 %), Zaragoza en 42 casos (9,7 %), Barcelona en 34 casos (7,8 %) Y Navarra con 27 casos (6,2 %), El resto de las víctimas se produjo en atentados cometidos en otras partes del territorio nacional (11,8 %,51 casos).
El tipo mas frecuente de acción terrorista fue el atentado con explosivos, generalmente colocados en vías públicas y accionados intencionalmente (38,3 %, 166 casos). En segundo lugar, un número también importante de víctimas fue atacado mediante disparos de arma de fuego directamente dirigidas a las mismas (22,8 %, 99 casos). Siguen los afectados por ametrallamientos indiscriminados (13,8 %, 73 casos), las víctimas de paquetes explosivos (cartas bomba), 14,7 % (64 casos), los afectados por incendios intencionados (5,3 %,23 casos) y los que sufrieron cualquier otro tipo de agresión potencialmente mortal (2,1 %, 9 casos). Si exceptuamos los atentados cometidos mediante disparo dirigido a la víctima, el resto pueden considerarse como «potencialmente indiscriminados» y ascienden al 83,2 % del total.
Un 77 % de estos hechos causaron víctimas mortales (334 casos) y cuando, alternativamente o no, se produjeron heridos, estos sufrieron secuelas permanentes en el 79,5 % de los casos (167 casos). Sólo un escaso porcentaje de víctimas directas han sido heridas sin secuelas (20 casos, 9,8 % del total de heridos).
Los efectos indirectos de la acción terrorista en el conjunto de los afectados pueden esquematizarse así: el 53,0 % (203 casos) ha sufrido la pérdida de un familiar, el 15,0 % (35 casos) refiere lesiones de un familiar sin secuelas y el 7,4 % (32 casos) lesiones con secuelas.
4. Valoración subjetiva del apoyo recibido tras el atentado
Como se dijo anteriormente en este apartado se recoge la valoración subjetiva que los encuestados hacen del apoyo recibido por diversas instancias tras sufrir la acción terrorista.
Más de la mitad de los encuestados (57,6 %, 250 casos) se siente totalmente abandonado por la sociedad en su conjunto y percibe este abandono de forma clara y continuada. El 38,9 % (169 casos) percibe, por el contrario, un cierto apoyo en grado muy diverso.
Cuando la víctima pertenecía a los cuerpos de seguridad o a la Administración Civil, el apoyo percibido por la institución de pertenencia se distribuye sobre un 30,9 % (134 casos) que lo considera aceptable, un 30,4 % (132 casos) que lo considera escaso o insuficiente y un 35,7 % (155 casos) que lo considera nulo. Por tanto, puede decirse que aproximadamente dos tercios de los encuestados que tenían relación de pertenencia con el sector público no perciben el apoyo recibido de la Administración como suficiente o bueno.
Si se considera el apoyo estatal, concebido de forma genérica y sin relación con La pertenencia de la víctima a la Administración, Las cifras que se obtienen son aún más negativas: sólo el 23,3 % (101 casos) lo estima como adecuado frente a un 74,7% (324 casos) que lo tachan de inexistente o insuficiente.
Estos resultados contrastan con la percepción que el encuestado tiene del apoyo familiar recibido ya que el 66,1 % (287 casos) lo percibe como bueno. No obstante, hay un 14,0 % (61 casos) que lo considera escaso o insuficiente e incluso hubo 78 casos (18,0 %) que afirman no haber recibido ningún apoyo de sus familiares.
La ayuda recibida por parte de la A VT es calificada como adecuada en un 62,9 % (273 casos). Por el contrario un 15,0 % (65 casos) la conceptúa como poca o insuficiente y un 19,6 % (85 casos) niegan haber recibido apoyo alguno por parte de la Asociación. No obstante para valorar adecuadamente este dato es preciso tener en cuenta que el hecho de la respuesta a la encuesta presupone una actitud hacia la A VT que puede sesgar positivamente este resultado. Recordemos que prácticamente un cuarenta por ciento de los miembros de la A VT no la contestaron.
Se preguntó también acerca de la valoración de otros posibles apoyos recibidos diferentes a los ya mencionados. Las respuestas incluyeron en este apartado muy diversos tipos (amigos, compañeros familiares lejanos, vecinos, etc.). En general este tipo de apoyos no es percibido por la población afectada, salvo en un relativamente pequeño porcentaje de casos (12,3 %, 42 casos) y de estos sólo 27 casos (6,3 %) lo consideraron importante o satisfactorio.
